La adquisición de propiedades en México es un proceso que conlleva diversas consideraciones legales y financieras. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es el límite de pago en efectivo establecido por la ley.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) regula la manera en que pueden realizarse ciertos actos u operaciones, incluida la compraventa de inmuebles, con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
De acuerdo con la LFPIORPI, el límite de pago en efectivo para la compraventa de inmuebles se determina en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un indicador económico utilizado en México para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en diversas leyes.
Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2024, el valor diario de la UMA para el año 2024 es de $108.57 pesos mexicanos a partir del 1 de febrero de 2024.
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Para la compraventa de inmuebles, el límite establecido en UMA es de 8,025. Esto significa que el monto máximo que se puede pagar en efectivo por una propiedad, de acuerdo con la ley, sería el equivalente a 8,025 veces el valor diario de la UMA. Haciendo la multiplicación, el monto límite en pesos mexicanos sería de $871,274.25.
Es importante tener en cuenta que esta restricción se aplica tanto al comprador como al vendedor. Por tanto, ninguna de las partes involucradas puede realizar o aceptar un pago en efectivo que exceda el límite establecido por la ley.
En caso de que el monto total de la transacción supere este límite, será necesario recurrir a otras formas de pago, como transferencias bancarias, cheques certificados o cualquier otro medio electrónico que permita rastrear el origen y destino de los fondos de manera transparente y legal.
Además, es fundamental que tanto compradores como vendedores estén al tanto de estas regulaciones y se aseguren de cumplir con las disposiciones legales correspondientes para evitar posibles sanciones o complicaciones legales en el futuro.
¿Esta regulación también aplica cuando se compra a través de un crédito hipotecario?
Sí. Aunque la adquisición de una propiedad mediante un crédito hipotecario implica el uso de fondos proporcionados por una entidad financiera —y no necesariamente el desembolso de una cantidad considerable de efectivo por parte del comprador— esta regulación sigue siendo aplicable.
La razón detrás de esto radica en la importancia de garantizar la transparencia y la trazabilidad de las transacciones inmobiliarias, independientemente del método de financiamiento utilizado.
Es fundamental comprender que, aunque la parte del pago inicial realizada en efectivo pueda cumplir con el límite establecido por la ley, cualquier otro pago en efectivo que se realice durante el proceso de adquisición del inmueble, ya sea como parte de los pagos mensuales o como abonos adicionales, también estará sujeto a las regulaciones de la LFPIORPI.
Es importante que tanto los compradores como los vendedores consideren estas regulaciones para asegurarse de que cualquier transacción realizada en el marco de una compra de propiedad —ya sea a través de un crédito hipotecario o de otra forma de financiamiento— cumpla con los límites establecidos por la ley.
En el caso específico de los créditos hipotecarios, las entidades financieras suelen llevar a cabo un riguroso proceso de verificación y documentación para garantizar el origen lícito de los fondos utilizados en la transacción, lo que contribuye a reforzar la integridad del sistema financiero y a prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero.
¿Qué te parecen estas regulaciones? Cuéntanos en los comentarios.
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